La responsabilidad penal de las personas jurídicas

El Pleno de la Sala II del Tribunal Supremo ha apreciado, por primera vez, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y confirma las condenas impuestas por la Audiencia Nacional a tres empresas por su participación en delitos contra la salud pública, en concreto en el tráfico de más de 6.000 kilos de cocaína escondida en maquinaria objeto de importación y exportación entre España y Venezuela.

La sentencia explica los requisitos que se tienen que dar para apreciar la responsabilidad de las empresas de acuerdo al artículo 31 bis del Código Penal.

En primer término, como presupuesto inicial, debe constatarse la comisión de delito por una persona física que sea integrante de la persona jurídica (en este caso eran administradores de hecho o de derecho).

Y en segundo término, que las empresas hayan incumplido su obligación de establecer medidas de vigilancia y control para evitar la comisión de delitos. Para tratar este segundo requisito, hay que dar respuesta a las siguientes preguntas:

¿Existe en la empresa una cultura de respeto al derecho como fuente de inspiración de la actuación de su estructura organizativa?

¿Se ha implantado un plan que recoja formas concretas de vigilancia y control del comportamiento de sus directivos y subordinados jerárquicos tendentes a la evitación de la comisión por éstos de los delitos?

Sólo si se tiene respuesta a estas tres preguntas se podrá evitar la responsabilidad penal de las empresas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 bis del Código Penal.

En cualquier caso, consulte con su abogado.