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El artículo 1.1 de la Constitución Española define a nuestra nación como “un Estado social, democrático y de Derecho”, entendiéndose el Estado de Derecho como una limitación del poder del Estado por parte del propio derecho.
De este artículo se deduce el rol indispensable de la figura del Abogado para la justicia y los justiciables cuyos derechos y libertades debe defender, cumpliendo a la vez el papel de defensor, mediador y/o asesor de su cliente.
De esta manera, el ciudadano tiene reconocidos y garantizados una serie de derechos que no pueden ser violados por nadie, ya que ante una posible vulneración de estos derechos, el ciudadano puede ser defendido por un abogado acudiendo a los Tribunales para ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en virtud del artículo 24 de la Constitución Española:
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia.
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.
Con todo ello, se pone de manifiesto la gran importancia del carácter público y social que representa la profesión de la abogacía, debidamente reconocida por la Constitución y amparada internacionalmente por diversos órganos e instituciones.
De la misma manera que ocurre con la medicina, la especialización del abogado es una de las claves para poder dar la mejor respuesta legal posible a sus clientes. Es por ello que los abogados que adscritos a UNAES, además de ser profesionales del derecho, libres e independientes, les pedimos que ostenten los conocimientos suficientes sobre la materia de la que dicen ser especialistas con objeto de dar más valor a la defensa de los derechos e intereses de sus clientes, sean públicos y/o privados, mediante la aplicación de la ciencia y técnica jurídica.
En función de sus áreas de especialidad, el abogado de UNAES le puede prestar sus servicios en relación con las siguientes cuestiones:
a) Defensa de sus intereses en todo tipo de procedimientos judiciales, ya sean estos de la jurisdicción civil, penal, social o contencioso – administrativa.
b) Negociación y redacción de todo tipo de contratos públicos o privados, ya sean estos de trabajo, de ejecución de obras o prestación de servicios, de compraventa de bienes, préstamo….
c) Asesoramiento e intermediación en todo tipo de operaciones inmobiliarias, compraventas y/o arrendamientos de pisos y fincas urbanas y rústicas, con la preparación de los contratos y documentos jurídicos necesarios.
d) Defensa de sus intereses y asesoramiento en materia urbanística, actuando a tal efecto ante las administraciones locales y superiores, y configurando todas las formalidades jurídicas necesarias (redacción de planes urbanísticos, constitución y gestión de juntas de compensación, preparación de contratos y extinciones de contratos…).
e) Asesoramiento fiscal, preparación y presentación de todo tipo de declaraciones y obligaciones fiscales (Impuesto de la Renta, I.V.A., Impuesto de Sociedades…). Recursos y reclamaciones contra los actos de las haciendas públicas.
f) Redacción de testamentos, declaraciones de herederos sin testamento y particiones hereditarias, así como procedimientos judiciales en materia hereditaria.
g) Redacción de capitulaciones relativas al régimen económico del matrimonio (separación de bienes, sociedad de gananciales…).
h) Asesoramiento y gestión de derechos en materia de propiedad intelectual e industrial (marcas, patentes…).
i) Defensa ante la imposición de sanciones y multas por parte de cualquier organismo público.
j) Redacción de escritos y recursos en todo tipo de procedimientos administrativos (expropiación forzosa, contratación con las administraciones públicas…), gestión de sus intereses en los distintos organismos y obtención de todo tipo de licencias, autorizaciones, subvenciones…
k) Constitución, gestión y disolución de todo tipo de sociedades mercantiles y civiles, operaciones de reestructuración societaria (fusión, escisión…), y asesoramiento general en derecho de la empresa (aspectos mercantiles, laborales y fiscales, derecho administrativo).
l) Asistencia y/o acompañamiento a todo tipo de juntas o reuniones (sociedades, comunidades de propietarios, asociaciones…).
m) Mediación en conflictos familiares, empresariales, laborales…
n) Intervención como árbitro de equidad o de derecho para la resolución de cualquier tipo de disputas o conflictos entre personas o empresas.
o) Reclamaciones por accidentes a los sujetos responsables, a las compañías de seguros y/o a los organismos públicos.
p) Gestión y reclamación de todo tipo de derechos y pensiones a la Seguridad Social (desempleo, jubilación, maternidad, incapacidades…).
q) Negociación y gestión de todo tipo de derechos laborales (salarios, condiciones de trabajo…).
r) Reclamación de todo tipo de deudas y obligaciones.
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