COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO DECLARADO EL ESTADO DE ALARMA

¿TENGO COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EN UN ACCIDENTE DE TRÁFICO SI CIRCULO CON MI VEHÍCULO UNA VEZ DECLARADO EL ESTADO DE ALARMA?

 

paco-fresnoExpresamente se reconoce el derecho a la circulación de vehículos particulares por vía pública y el repostaje en gasolineras en los supuestos de excepción a la libertad de circulación de personas autorizados, según lo dispuesto en el art 7. 1 y 2 del Real Decreto 463 /2020.

¿Cuáles son los supuestos autorizados?

  • a) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
  • b) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.
  • c) Retorno al lugar de residencia habitual.
  • d) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.
  • e) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.
  • f) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.
  • g) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por otra causa justificada.

Pero, nos preguntamos qué ocurriría si fuera del ámbito de estos supuestos, por ejemplo, una persona que visita a un familiar que no se encuentre en estado de necesidad y de regreso a su domicilio atropella desgraciadamente a un peatón causándole lesiones graves.

¿Estaría cubierto por su seguro de Responsabilidad Civil obligatorio?

 

Entendemos que la respuesta debe ser afirmativa ya que los únicos supuestos de exclusión, en cuanto al seguro de responsabilidad civil obligatoria son los que vienen regulados en el Real Decreto 7/2001, de 12 de enero, por el que se aprueba el Reglamento acerca de la responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

En concreto, el artículo 10 de dicho precepto establece que estarán excluidos:

  • a. Todos los daños y perjuicios ocasionados por las lesiones o fallecimiento del conductor del vehículo causante del siniestro.
  • b. Los daños sufridos por el vehículo asegurado, por las cosas en él transportadas, y por los bienes de los que sean titulares el tomador, asegurado, propietario, conductor, así como los del cónyuge o los parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad de los anteriores.
  • c. Los daños a las personas y en los bienes causados por un vehículo robado, entendiéndose como tal, exclusivamente, las conductas tipificadas como robo y robo de uso en los artículos 237 y 244 del Código Penal, respectivamente.

Sólo en estos supuestos la aseguradora no tiene obligación de abonar indemnización alguna y además tiene derecho a rehusar el pago incluso al tercero perjudicado.

Cuestión distinta es la regulada en el artículo 11 del referido Real Decreto, que obliga a la compañía a no oponerse a pagar la indemnización al tercero perjudicado, en supuestos distintos de los recogidas en el artículo 10, respecto de aquellas cláusulas contractuales que excluyan de la cobertura como la utilización o conducción del vehículo designado en la póliza por quien carezcan de permiso de conducir, incumplan las obligaciones legales de orden técnico relativas al estado de seguridad del vehículo o, fuera de los supuestos de robo y robo de uso, usen ilegítimamente vehículos a motor ajenos o no estén autorizados expresa o tácitamente por su propietario o también además del seguro obligatorio. En al ámbito del seguro voluntario son cláusulas habituales de exclusión algunas como conducir en estado de embriaguez o consumo de drogas, tóxicos o estupefacientes u otras estipuladas en la póliza, en estos supuesto la compañía podría reclamar a su asegurado lo que tenga que indemnizar a tercero, aunque surge la discusión entre si nos encontramos ante cláusulas limitativas de derechos y cláusulas delimitadoras del riesgo que han sido una fuente de gran litigiosidad.

No obstante lo anterior, y a pesar de la existencia de cobertura de seguro, a nuestro juicio ello no eximiría la imposición de las sanciones administrativas contempladas en el art. 20 del Real Decreto 463 /2020, en caso de incumplimiento, y que pueden ir de 100 a 600.000 Euros y además ello conculcaría el deber cívico ciudadano que todos debemos tener en estos supuestos tan excepcionales , por lo que en ningún caso debe utilizarse el vehículo para desplazarse fuera de los supuestos previstos el art 7 . 1 y 2 del Real Decreto 463 /2020.

Artículo escrito por Francisco Fresno Llopis, abogado especialista en Accidentes de Tráfico y Seguros.

 

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Francisco Fresno Llopis, además de estar especialidad en accidentes de tráfico y seguros, es abogado especialista en Derecho Deportivo.

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