Efectos de la declaración de nulidad de la Ley 5/2011 Valenciana

Ángela Navarro PérezTras la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 5/2011, de 1 de abril, de la Generalitat Valenciana, de Relaciones Familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, saltaron las alarmas en el ámbito jurídico, y todos los abogados nos hicimos la misma pregunta: ¿Y ahora qué?

Y es que cada cambio legislativo, conlleva una gran inseguridad jurídica para todos los profesionales del sector. Y los abogados, muchas veces nos vemos en la tesitura de tener que decirle a un cliente que su caso es pionero, y desconocemos por dónde puede ir el resultado de su procedimiento.

Y esto es exactamente lo que me pasó con éste caso. Una modificación de medidas contenciosa en la que ambas partes estábamos conformes con que se estableciese una guarda y custodia compartida, si bien discrepábamos en la fijación de las medidas derivadas de la misma. Así las cosas, la parte contraria solicitaba una compensación por la pérdida de uso de su vivienda amparándose en la citada Ley 5/2011 en vigor. Y la juzgadora de instancia encargada del procedimiento, que se caracteriza por dictar sentencias novedosas, adaptadas a la realidad social y anticipándose en la mayoría de ocasiones a los cambios legislativos, la denegó. Su razonamiento para adoptar tal medida fue, que al haberse declarado ya inconstitucional la ley de régimen económico valenciano, y siendo por tanto inminente la declaración de inconstitucionalidad de la Ley 5/2011, resultaba absurdo adoptar una medida que carecería de vigencia en poco tiempo.

La parte contraria recurrió la sentencia, alegando fundamentalmente que la Ley 5/2011 seguía en vigor todavía y por tanto era de aplicación. Por nuestro lado, obviamente apoyamos la sentencia de Instancia alegando que no tenía sentido aplicar una ley que sabíamos iba a estar derogada antes incluso de resolverse el recurso de apelación –lo cual ha sucedido-. Y ahora, la Audiencia Provincial ha confirmado la sentencia de instancia, en base a que la referida Ley 5/2011 fue declarada inconstitucional por Sentencia del Pleno número 192/2016, de 16 de noviembre de 2016, por lo que, en el momento actual, sería de aplicación al presente supuesto el artículo 96 del Código Civil aplicable al efecto, y dicho precepto no prevé la figura legal de compensación económica por la pérdida de uso de la vivienda familiar.

Ésta sentencia, sin duda arroja luz sobre cómo van a resolverse los procedimientos sucesivos en ésta materia. Y nos da la “tranquilidad jurídica” que todos los profesionales dedicados al Derecho de Familia necesitamos.

 

DATOS DE INTERÉS

ST AP Alicante 29/03/17

Recurso de Apelación nº 603/2016

Artículo en prensa de Diario Información

 

Ángela Navarro Pérez

Abogada Matrimonialista en Alicante