El Juzgado Central de lo Penal número 1 ha condenado a la concejala acusada al pago de una multa de 6.000 euros como autora de un delito de injurias a la Corona de artículo 490.1 del Código Penal.

Según los hechos de la resolución, publicó un artículo en su blog abierto de Internet bajo el título "Borbones Asesinos" en el que, junto a una foto en la que aparecía el Rey tras abatir a un elefante, vertió las siguientes manifestaciones:

"este hijo de puta ha matado a un ser que, en muchos aspectos, es mejor que los humanos… aunque claro, qué se puede esperar de un tío que disparó a su propio hermano y lo mató. Definitivamente, el mundo está loco!, nos toca soportar callados escenas tan sucias como ésta y sin embargo, debemos aguantar el estar financiando a una familia de vagos, estafadores, borrachos y asesinos como la familia real. Nuestro dinero público financia las matanzas de la realeza española en todos los sentidos, matanzas económicas… y matanzas que el rey apoya: los toros y las cacerías africanas"….

Según el Juzgado las expresiones referidas, que no se produjeron en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, conllevan implícito un ánimus inuriandi es decir, son expresiones formalmente injuriosas constituidas por epítetos y locuciones desmesuradas e innecesarias que, tanto en una interpretación jurídica como vulgar son obviamente hirientes e insultantes.

La Sala recuerda que la doctrina jurisprudencial rechaza de plano que la libertad de expresión sea un derecho ilimitado y absoluto que ampare cualquier comentario. El art. 20 CE, aducido por la defensa, establece que la libertad de expresión tiene su límite en el respeto a los derechos fundamentales y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En apretada síntesis el TS establece que la libertad de expresión no ampara intervenciones que afectan al núcleo último de la dignidad de las personas, ni el uso de apelativos insultantes o vejatorios, el TC recuerda que, porque unas personas tengan carácter público no quedan privados del derecho al honor que el art. 18.1 CE garantiza, como la Constitución no tutela un pretendido derecho al insulto siendo el límite de dicha libertad de expresión la "reputación ajena". Consecuentemente, cuando la expresión del menosprecio se extiende a este núcleo último y más estrecho de la persona en cuanto tal, el ejercicio de la libertad de expresión resulta claramente contrario al principio de proporcionalidad, y, por lo tanto, también innecesario.

De otro lado, estas expresiones también atacan a la institución de la Corona. La figura del Rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado (art. 56.1 CE), siendo bien jurídico protegido la preservación del propio sistema constitucional. Tanto su persona como su familia son objeto de protección especial e instrumental, pues tratando de proteger su figura y personas afines se está tratando de proteger la persona que encarna la institución que representa y simboliza el Estado Constitucional.

Pues bien, bajo estas premisas, la Sala concluye que, en el caso, para ensalzar y glorificar la protección activa y militante de los animales era totalmente innecesario utilizar frases y expresiones ultrajantes y ofensivas que afectan al núcleo último de la dignidad de las personas utilizando términos desmesurados respecto al legitimo objeto de la crítica perseguida. Y la acusada se ha excedido, y en mucho de la crítica política, cayendo y descendiendo hasta el vilipendio y escarnio personal para censurar a la Monarquía Parlamentaria.