LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO ¿UNA OPORTUNIDAD PARA LAS PYMES?

Rafael Ramos Rodríguez¿Qué dice la Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017?

 

La Ley de Contratos del Sector Público, Ley 9/2017, establece en su exposición de motivos, como uno de los objetivos de la reforma permitir que accedan a los contratos de las Administraciones Públicas la Pequeñas y Medianas Empresas.

¿Es esto así?, ¿Realmente hay oportunidades de negocio mediante la contratación pública?

 

Estas son las preguntas que vamos a intentar dar respuesta en este pequeño artículo.

La Contratación Pública, constituye una de las materias en las cuales la Unión Europea, se ha preocupado en uniformar, mediante la aplicación de una serie de principios y procedimiento que pretende ser común a todos los países de la Unión. Como hemos dicho, uno de los principios es permitir una mayor competencia entre las empresas y que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en la licitación pública, cosa que hasta el momento de la aprobación de esta Ley era bastante difícil, entre otras cuestiones, por lo prolijo y complicado del procedimiento de Plica.

Novedades relevantes en la Ley 9/2017, Ley de Contratos del Sector Público.

 

Vamos a examinar, algunas de las novedades relevantes en la Ley de Contratos del Sector Público que, en mi opinión, facilitan esta participación,

1. La Plataforma de Contratación y la Contratación electrónica: Estos instrumentos, que en principio pueden ser una complicación para empresas que no estén avezadas en los tratos con la Administración por vía electrónica, puede resultar una complicación, si bien con una ayuda externa de un despacho especializado, tal dificultad se convierte en una ventaja. La contratación vía electrónica permite conocer las licitaciones convocadas en toda España, en tiempo real y la presentación de las plicas mediante el ordenador, sin necesidad de desplazarse.

2. Solvencia Técnica: Una de las barreras más significativas lo constituía la solvencia técnica. Es decir, las cualidades que se exigen a las empresas, desde el punto de vista técnico, para participar. Con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la solvencia técnica tiene que estar claramente definida en el pliego, pero se permita que una empresa acuda a medios técnicos de otra empresa para completar esta solvencia. La clasificación, que se exigía en muchos contratos de obra, ahora se exige únicamente en los contratos de más de 500.000 euros. Esta nueva regulación permite, sin duda, que empresas de nueva creación, o pequeñas y medianas, puedan participar en estos procesos.

3. Documentación a aportar: Anteriormente, para participar en un proceso de licitación, el contratista debía aportar, solo para ser tenida en cuenta su oferta, una batería de documentación muy voluminosa e importante, con certificaciones, escrituras, poderes. Ahora, basta con una declaración responsable, modelo que facilita la Unión Europea, para que estos trámites se cumplimenten, sin necesidad de aportar toda la documentación de la empresa o sociedad.

4. Conocimiento previo de los costes: En los pliegos de prescripciones administrativas, la Administración tiene la obligación de establecer, previamente un estudio de los costes del contrato. De esta manera el propio pliego te indica los parámetros a tener en cuenta para el cálculo de la oferta.

5. Recurso de materia de contratación: Esta novedad es muy importante, pues permite al contratista impugnar previamente, desde el pliego, cuando lo estima no ajustado a las normas de aplicación, a la adjudicación, cuando la mesa u órgano de contratación se apartan de las exigencias de la Ley o del propio Pliego. En este aspecto se han rebajado los umbrales para la impugnación en los contratos de suministros, servicios dejándolos en 100.000 euros y los contratos de obra y concesión de obra o servicios 3,000,000 de euros.

6. Supresión de los procedimientos negociados y limitación del procedimiento de adjudicación directa. En mi opinión esta reforma es la que con mayor importancia abre el proceso licitador a las PYMES, estamos hablando de contratos cuyo importe es inferior a 150.000 euros. Antes se acudía con demasiada frecuencia a los procedimientos negociados, que ahora han sido suprimidos y cuando el contrato era inferior a 18.000 euros a la adjudicación directa. En esta Ley de Contratos del Sector Público se ha limitado hasta tal punto estos contratos que, de hecho, va a suponer que muchos que antes no salían a licitación pública ahora tengan que hacerlo.

Conclusiones

 

Dicho lo anterior, el empresario que no habiendo participado en licitaciones públicas o incluso el que lo hacía en ocasiones, lo cierto es que se le abre un gran abanico de oportunidades para contratar y ampliar sus objetivos de negocio.

De mi experiencia en mesas de contratación, de las que he formado parte, puedo afirmar que los Ayuntamientos, Diputaciones, Administraciones Autonómicas y Central, y ahora cualquier empresa pública o tutelada por la Administración, solicitan multitud de servicios, suministros en las materias y sectores más variados, por no hablar del contrato “señero” que es el de Obras. Los contratos con la administración se pueden calcular en miles al cabo del año y una empresa dispuesta a participar en estos procesos, puede muy bien ampliar su nicho de negocio de forma importante.

También hemos de despejar estas dudas de que “La Administración paga tarde, mal y nunca”, actualmente esto por regla general no es así. Con la Ley de sostenibilidad económica y financiera, por una parte y los preceptos que la Ley de Contrato establece, de carácter sancionador incluso, para la Administración que no cumpla con los pagos, el periodo de pagos de la Administración a los contratistas es más rápido hoy día que el de los contratos mercantiles o de obras privadas.

Dicho esto, también es necesario advertir. El concepto de “Esto me lo hago yo”, no funciona. La cosas y tratos con la Administración se complican cada vez más, para una buena licitación es necesario contar con profesionales especializados, que sean capaces de evaluar el pliego, sin es correcto o no lo es, si el empresario tiene o no posibilidades, explorar constantemente las plataformas públicas de licitaciones, preparar la documentación y presentarla adecuadamente. Por ejemplo, es bastante usual que empresas que presentan electrónicamente una licitación, sin embargo, no rellenan en forma los formularios y la licitación no puede ser tenida en cuenta o mezclan unas propuestas con otras. En fin, sí que hay oportunidades para la Pymes con esta nueva Ley, pero como todo en el siglo XXI para competir en un mundo cada vez más global y tecnológicamente exigente es necesario contar con profesionales que nos añadan valor a nuestra empresa.

Artículo escrito y firmado por D. Rafael Ramos Rodríguez, abogado especialista en Derecho Administrativo y Urbanismo. En caso de duda o aclaración que puedan tener al respecto, pueden ponerse en contacto con D. Rafael Ramos Rodríguez directamente o en info@unaes.es.

UNAES ¡Sólo para abogados especialistas!