Y EL PROCURADOR, ¿QUÉ HACE?

Y EL PROCURADOR, ¿QUÉ HACE?

 

Sheila Diez de la Gala¿Cuántas veces hemos oído esta pregunta, compañeros? A mí personalmente, como procuradora, cuando digo a lo que me dedico, suelen preguntarme: ¿pero exactamente el procurador de qué se encarga? ¿Sois abogados? o ¿trabajáis para ellos? Pero, no sólo eso, durante mis cinco años de licenciatura, no recuerdo que nadie me hablara de sus cometidos.

También es habitual en los encuentros entre clientes y abogados, en el despacho, que les aborden con dudas sobre para qué sirve, por qué tiene que pagar sus honorarios, o si no pueden prescindir de nuestros servicios. Así que, si al desconocimiento le sumamos la sensación de inseguridad por el lenguaje utilizado, la desconfianza que ello conlleva, y la posible suspicacia o alerta por el cliente por miedo a ser engañados, entiendo que les asalten todas estas dudas y que está en nuestras manos darnos a conocer y aumentar la valoración que puedan tener las personas sobre nuestra profesión, ya que en ocasiones incluso está menospreciada.

Considero importantísimo formar un gran equipo con los letrados que dirigen los asuntos para dar la máxima satisfacción a las pretensiones de nuestro representado, que al fin y al cabo es un cliente común, ya que como exige la Ley, el cliente comparecerá en juicio defendido por abogado y representado por procurador, siendo ambas figuras obligatorias, complementarias, e incompatibles entre sí, al no poder ejercerse de manera simultánea por una misma persona.

¿Qué es un procurador?

Es aquella persona licenciada en Derecho que, en virtud de poder o facultad de otra, ejecuta en su nombre algo. Dentro de un procedimiento judicial, el procurador es:

  • quien se encarga de la representación del cliente,
  • de acudir a los actos en su nombre,
  • de recoger las notificaciones judiciales,
  • de servir de nexo de cooperación entre el juzgado y el cliente, ya que nuestro representado es desconocedor, por lo general, del lenguaje jurídico, y necesita de una persona que intervenga por él en los asuntos de mero trámite.

Como se ha mencionado, para ello es necesario que nos otorgue un poder, ya sea notarial, apud acta, o una designación del propio Colegio de Procuradores en caso de que el representado solicite la asistencia jurídica gratuita o seamos designados por turno de oficio, al no haber éste nombrado a uno voluntariamente.

En cuanto a la primera posibilidad, el poder notarial, la más usual y conocida, consiste en acudir a un Notario/a que realice la escritura de poder de representación, general o especial. Sirve para todos aquellos procedimientos en los que sea parte nuestro cliente, en tanto no se revoque.

A diferencia del otorgamiento apud acta, que únicamente nos servirá para el procedimiento en concreto para el que nos designe. Éste último se realiza en el Juzgado y es gratuito, mientras que al notario se le deberán abonar sus aranceles.

Existe una posibilidad más, la telemática, consistente en una plataforma web dentro del Ministerio de Justicia, donde el propio cliente, con su certificado digital o DNI-e, puede introducir los datos relativos al procedimiento de que se trate y apoderar al procurador, generándose una inscripción en el registro electrónico de apoderamientos apud acta, que posteriormente se deberá aportar con un escrito, por el procurador, al proceso. Ésta última es una opción muy cómoda, ya que evita desplazamientos innecesarios al juzgado. Actualmente, con la crisis sanitaria por la pandemia, adquiere especial relevancia esta opción que contribuye tanto a la disminución del contacto como a la propagación del virus.

¿Por qué es necesaria su intervención?

Hablando de los procedimientos civiles, donde es más común la presencia del procurador, es el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil el que establece la obligatoriedad de comparecer en juicio a través de procurador, que habrá de ser licenciado en Derecho y deberá estar habilitado para ejercer su profesión en el tribunal que conozca el juicio. A esta regla general de obligatoriedad de procurador le siguen únicamente 5 excepciones:

  • verbales de cuantía inferior a 2.000 €;
  • solicitud inicial del monitorio;
  • impugnación de resoluciones de asistencia jurídica gratuita;
  • solicitud de medidas urgentes anteriores al juicio;
  • juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas.

No obstante, aunque la ley no requiera de nuestra intervención en un primer momento en estas excepciones, si posteriormente el procedimiento va a requerir nuestra presencia, por ejemplo porque haya oposición, ejecución, o un posible recurso, donde ya sí es preceptiva, es usual y recomendable que ya el primer escrito se encabece con procurador.

¿Cuánto me va a costar?

Los honorarios de los procuradores están regulados por arancel, como ocurre en el caso de los notarios. Esto significa que un procurador no puede “inventarse” las tarifas a cobrar por un determinado procedimiento. La norma que lo regula es el Real Decreto 1373/2003, de 7 de Noviembre, por el que se aprueba el Arancel de derechos de los Procuradores de los Tribunales. En él se establecen las reglas para la determinación de los derechos del profesional, siendo únicamente posible una reducción o una ampliación de los mismos en un 12%, siempre de común acuerdo con el cliente.

Así, los procedimientos que tengan una cuantía determinada se minutarán de acuerdo a una escala recogida en la norma, a la que se irán sumando las actuaciones que dentro del procedimiento haya realizado el procurador.

Otra partida que incluye el arancel son los suplidos, entendiéndose por éstos aquellas cantidades abonadas por el procurador en nombre de su cliente, con cargo normalmente a una provisión de fondos. Son por ejemplo:

  • las tasas para el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el caso de personas jurídicas,
  • el pago de los depósitos para los recursos,
  • la publicación de las sentencias en boletines oficiales,
  • la inscripción de embargos en registros públicos, etc.

Por último, establece la norma que el procurador está obligado a detallar el artículo aplicado en las cuentas realizadas para hacer efectivos sus derechos, dotando así de total transparencia a las facturas emitidas de cara a sus clientes, otorgando mayor seguridad, incluso conservando y exhibiendo los justificantes de los gastos y suplidos en los que haya incurrido.

Pero realmente, ¿cuáles son sus funciones?

Podemos clasificar las tareas del procurador en tres bloques relacionados entre sí:

  1. Representamos al cliente tanto en las vistas como en las notificaciones, como en cualquier otro trámite judicial que se nos encomiende, en virtud del apoderamiento que nos ha sido otorgado. En un ejemplo, esto significa que, salvo que sea preceptiva la comparecencia del representado en juicio porque sea necesaria su declaración, no será necesario que acuda. En materia de desahucios, acudimos con la comisión judicial a los lanzamientos, encargándonos de localizar al cerrajero y facilitando la nueva llave posteriormente al cliente, anotando también los desperfectos, en su caso, del bien inmueble desalojado. Acompañamos al cliente a las ratificaciones en los procedimientos de divorcio, realizamos el pago telemático de depósitos y tasas, etc.
  2. Cooperador de la Administración de Justicia, ya que como también se ha recogido en líneas anteriores, somos quienes estamos en contacto directo y diario con la oficina judicial. Comprende tanto la subsanación de los defectos procesales, la realización de todas aquellas actuaciones que resulten necesarias para el impulso y buena marcha del proceso, así como la evitación de retrasos indebidos que perjudiquen los intereses del representado. En concreto, acudir cuando la notificación enviada telemáticamente no incluya algún documento, cuando haya habido algún problema informático, a realizar consultas sobre la citación de los testigos/peritos, sobre las cuentas judiciales, etc. Es también interesante la realización de actos de comunicación, a costa de nuestro cliente, para conseguir, en su caso, que la demanda sea notificada a la parte contraria con mayor rapidez. Puede publicar sentencias o cualquier resolución en boletines oficiales, en caso de que el demandado no haya comparecido en el procedimiento; obtenemos copia de las vistas celebradas por la plataforma ARCONTE para su posterior puesta a disposición del letrado, en caso de que sea necesario su visionado para preparar un eventual recurso. En este punto considero vital destacar la importancia de tratarse de un procurador que conozca la sede judicial que va a tramitar el asunto. Esto significa que dado que es el procurador el que está en permanente contacto con la oficina judicial, sabrá de primera mano las costumbres de cada juzgado, con las ventajas que eso conlleva de cara a la tramitación de los procedimientos. Además, si se trata de un procurador de la zona, podrá acudir en cualquier momento a obtener copia de documentos que obren en el expediente judicial, recoger mandamientos de pago, desgloses, o presentación de documentos originales, etc., actuando con inmediatez.
  3. Por último, aquellas funciones que tienen que ver con la eficaz ejecución de la sentencia son aquellas destinadas a la correcta satisfacción de lo establecido en la resolución que ponga fin al procedimiento. Por ejemplo, ante una sentencia que condene a la parte contraria al pago de una cantidad que nos es debida, si no cumple en el plazo establecido, deberá materializarse con el inicio de un procedimiento de ejecución, solicitando la averiguación de los bienes y el posterior embargo de los que se consideren oportunos. Es el procurador el que se encarga de diligenciar los mandamientos a los diferentes registros de la propiedad o bienes muebles, y una vez calificados por el Registrador, devolverlos al juzgado para la constancia de los bienes trabados. También existe la posibilidad de ocuparnos de la subasta de los bienes, nombrando al colegio de procuradores entidad especializada, y a diferencia de la subasta judicial, podemos conseguir la realización de los bienes de una forma más rápida, rigiendo siempre en primer lugar el acuerdo entre las partes.

Por todo ello, considero fundamental para la agilización de un proceso la presencia de un buen procurador, que realice sus funciones con eficacia y responsabilidad, protegiendo los intereses de su representado.

Artículo escrito por Sheila Díez de la Gala, Procuradora de los Tribunales.

 

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